La CIDH acusa a Guatemala por el uso indebido de la pena de muerte

La Comisión determinó que el Estado guatemalteco violó el derecho a la vida al imponer la pena de muerte en un caso en 1996.

La CIDH acusa a Guatemala por el uso indebido de la pena de muerte

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte IDH un caso en el que acusa al Estado de Guatemala por la violación a las garantías al debido proceso en un caso donde se condenó a pena de muerte a los expolicías Miguel Ángel Rodríguez, Miguel Ángel López y Aníbal Archila por el asesinato de una persona y por causar lesiones graves a otra.

La CIDH informó que Rodríguez, López y Archilla fueron condenados a la pena de muerte, el 23 de mayo de 1996, por ser considerados como sujetos peligrosos.

La organización detalló que se "incumplió con el principio de legalidad, ya que incorpora predicciones y especulaciones y constituye una expresión del derecho penal de autor incompatible con principios esenciales de una sociedad democrática”.

La Comisión acusó al Estado de Guatemala de violar el derecho de imparcialidad de los sentenciados, debido a que el presidente del Tribunal de Sentencia que condenó a las víctimas había actuado como juez de control en la etapa de investigación.

La institución añadió que Guatemala violó el derecho de defensa, el deber de motivación en relación con la presunción de inocencia, el derecho a recurrir el fallo condenatorio y el derecho a la protección judicial.

"La CIDH determinó que el Estado guatemalteco violó el derecho a la vida al imponer la pena de muerte en un proceso en el que se violaron múltiples garantías del debido proceso”, concluyó la comisión.

El 24 de octubre de 2017, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala decidió declarar inconstitucional la aplicación de la pena de muerte para cinco delitos contemplados en el Código Penal y derogó las referencias a la pena de muerte que permitían aplicarla según la Ley contra la Narcoactividad.

El tribunal guatemalteco declaró la inconstitucionalidad de la condena capital para el delito de asesinato en marzo de 2018.

La pena capital continúa contemplada en la Constitución de Guatemala "tras agotar todos los recursos legales”, lo que ha sido interpretado como un vacío legal. La última condena a muerte en el país se emitió hace 17 años.

(AA)

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