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El ministro de la Corte Suprema de Chile, Mario Carroza, citó a declarar a 13 exuniformados como parte de una investigación que pretende encontrar a quienes quemaron importantes expedientes de los Consejos de Guerra tras el golpe militar de 1973.
Los uniformados citados son quienes estaban de turno en la Escuela de Educación Física del Ejército el 14 de noviembre de 1989, cerca de las 2 de la madrugada. Ese día, la Escuela de Educación Física del Ejército, ubicada en Santiago de Chile, sufrió un atentado incendiario. En ella estaba guardados los expedientes de los Consejos de Guerra tras el golpe militar de 1973.
30 años después, tras un primer informe de la Brigada Investigadora de Derechos Humanos (BRIDEHU) de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), el ministro Carroza llamó a declarar a varios ciudadanos para buscar la verdad de lo que pasó.
Además de los 13 uniformados de guardia ese día, el ministro ordenó que se interrogara a Eduardo Quiroga Cortés, que estaba a cargo del resguardo de los documentos, y a Bernardo Castro Rojas, oficial que era entonces el director de la Escuela de Educación Física del Ejército.
A los exuniformados se suma la citación para Aida Segovia Crisóstomo, archivista de la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dine).
Las declaraciones que se ordenaron esta semana podrían dar un giro de la investigación que inició en el 89. En la época, los hallazgos, a cargo del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), indicaron que la explosión fue ocasionada por el impacto de un cohete Low, lanzado desde unos 300 metros. Incluso se encontró un cartucho que habría tenido la sigla FMR, en alusión al Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), un grupo revolucionario de ideología marxista. Un testigo, el hoy fallecido sargento Jorge Améstica, aseguró que cuatro sujetos con pasamontañas salieron corriendo tras la detonación.
Sin embargo, ahora las autoridades judiciales vuelven su investigación sobre la Fuerza Pública y su responsabilidad en los hechos.
La Dirección de Inteligencia del Ejército también afirma que algunos archivos de la época fueron destruidos en el año 2000 como un acto de rutina.
“Las Fuerzas Armadas deben responder respecto de su responsabilidad y de la información que nosotros positivamente sabemos que ellos poseen y de los archivos que nos consta que aún mantienen, a pesar de los archivos y documentos que también sabemos que han destruido”, afirmó Gloria Elgueta, vocera de la Fundación Londres 38, una organización que investiga los crímenes de Estado en Chile y que además aparece como demandante en la investigación que lidera el ministro Carroza.
Para Elgueta, el hecho de que la dictadura hubiese buscado destruir la evidencia afirma que los documentos que se guardaban en la escuela eran importantes.
Chile busca avanzar en la investigación de los casos de cientos de detenidos y desaparecidos durante la dictadura del general Augusto Pinochet, que ocurrió entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990.
