BİZE ULAŞIN
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó este lunes los hechos de violencia ocurridos en el estado de Pará, Brasil, que ocasionaron la muerte de al menos 21 personas y otras más que resultaron heridas.
“La Comisión Interamericana urge al Estado a investigar y esclarecer las circunstancias en que ocurrieron estos hechos, así como a identificar y sancionar a los responsables”, afirmó la organización en un comunicado de prensa.
La CIDH se refiere a los hechos ocurridos el 10 de abril de 2018, cuando en un intento de fuga masiva en el Centro Penitenciario de Recuperación de Pará III, un grupo de personas armadas ingresó al recinto penitenciario al derribar uno de sus muros con explosivos. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Pará, el grupo armado tomó como rehenes a varios guardias penitenciarios, a fin de que los internos pudieran fugarse.
Tras la explosión se produjo un tiroteo entre guardias penitenciarios y de la policía militar, internos armados y personas integrantes del grupo criminal. Según declaraciones oficiales a la prensa, como resultado de estos hechos, al menos 21 personas perdieron la vida, entre ellas, un guardia penitenciario, cinco internos y 15 integrantes del grupo organizado. Adicionalmente, se reportaron al menos 13 internos heridos y algunos agentes penitenciarios.
La Comisión Interamericana resaltó el hecho de que estas muertes ocurrieron en un contexto de "reiterados y elevados niveles de violencia" en los centros del sistema penitenciario de Brasil. “En el transcurso del presente año, esta constituye la tercera ocasión que la Comisión emite un pronunciamiento público a fin de condenar hechos de violencia en cárceles brasileñas”, advirtió el organismo.
“El sistema penitenciario en Brasil se caracteriza por altos niveles de hacinamiento, deplorables condiciones de detención y falta de control por parte de las autoridades penitenciarias, que ha ocasionado con frecuencia rebeliones, fugas y enfrentamientos entre bandas rivales”, señaló el Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, el comisionado Joel Hernández.
“Es imperante que el Estado brasileño adopte medidas para evitar acontecimientos como el ocurrido en el Centro Penitenciario de Recuperación de Pará III, que ponen de manifiesto la falta de control efectivo por parte de las autoridades estatales”, concluyó el experto.
