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La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó el martes que los inmigrantes que esperan una respuesta a su estado de ciudadanía no tienen que repetir las audiencias de fianza.
El fallo abre la posibilidad de que esta clase de inmigrantes pueda, en esencia, ser detenida indefinidamente por las autoridades de inmigración.
La decisión, votada 5-3, encontró que los inmigrantes esperando por una decisión sobre su estatus no tienen derecho legal a audiencias de fianza cada seis meses, al repetir una decisión anterior del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito. Sin embargo, el Tribunal no decidió si la Constitución de los Estados Unidos requiere las audiencias de fianza. En cambio, los jueces están optando por permitir que los tribunales inferiores decidan el problema.
Al escribir la opinión mayoritaria, el juez Samuel Alito dijo que el fallo se basaba en "construcciones inverosímiles" de las normas federales de inmigración. El presidente del Tribunal Supremo John Roberts y los jueces Anthony Kennedy, Clarence Thomas y Neil Gorsuch, un grupo que es considerado el lado conservador de la Corte Suprema, se unieron a la decisión de Alito.
El juez dejó por sentado que "los funcionarios de inmigración están autorizados a detener a ciertos extranjeros en el curso de procedimientos de inmigración mientras se determina si residen en el país legalmente".
El caso Jennings vs. Rodríguez, que giró en torno a un residente legal permanente, llevó al demandante Alejandro Rodríguez a estar detenido durante tres años sin audiencias de fianza durante los procedimientos de deportación después de que fue arrestado por cargos menores.
El juez Stephen Breyer escribió la opinión disidente. A él se unieron los jueces Ruth Bader Ginsburg y Sonia Sotomayor.
"Nadie puede reclamar, ni desde el momento de la esclavitud, nadie que yo sepa ha afirmado con éxito que las personas retenidas que se encuentran dentro de los Estados Unidos carecen totalmente de protección constitucional", dijo el juez Breyer.
La magistrada Elena Kagan se retiró de la audiencia porque era la abogada general del expresidente Barack Obama.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) representó a Rodríguez y criticó duramente la decisión. Ahilan Arulanantham abogado de la Unión, señaló en un comunicado:
"La administración Trump está tratando de ampliar la detención de inmigrantes a niveles récord como parte de su represión contra las comunidades de inmigrantes".
También agregó: "Hemos demostrado a través de este caso que cuando los inmigrantes obtienen una audiencia justa, los jueces a menudo los liberan según sus circunstancias individuales. Esperamos volver a los tribunales inferiores para demostrar que estos estatutos, ahora interpretados por el Tribunal Supremo para exigir la detención sin audiencia, violan la cláusula del debido proceso".
*Carolina Zúñiga contribuyó a la redacción de esta nota.
